¿Cuándo son obligatorios los exámenes de salud?

La cuestión de la obligatoriedad de los trabajadores de someterse a los exámenes de salud, se saldó declarando su voluntariedad (artículo 22 de la LPRL) con 3 excepciones:

  • Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos sobre la salud de un factor de riesgo concreto y específico
  • Cuando pueda constituir un peligro para él mismo, los compañeros u otras personas. Debe existir una determinada enfermedad o una alteración de la salud objetiva; no es suficiente con que se dé una circunstancia que únicamente suponga una merma en la capacidad laboral o en el rendimiento del trabajador que no conlleve consigo un aumento del peligro en el desarrollo de la actividad profesional.
  • Cuando venga especificado en una norma, como es el caso de la exposición a ruido o a radiaciones ionizantes.

He dicho se saldó, porque las negociaciones previas a la publicación de la Ley 31/1995, de PRL, fueron muy duras, y esta declaración de voluntariedad, fue una conquista sindical, que pretendió evitar una práctica empresarial algo extendida de contratar o no al trabajador en función del resultado del reconocimiento médico. No obstante, la redacción de las excepciones es tan amplia, que podrían acabar siendo la regla general de no interpretarse rigurosamente.

Así pues, en nuestra legislación, los “reconocimientos médicos” se articulan como una expresión del derecho del trabajador a la vigilancia de su salud, y no pueden ser utilizados para verificar la capacidad profesional o aptitud psicofísica en procesos de selección de personal. Los controles deberán responder a una razón objetiva y serán proporcionales al riesgo, y sus resultados no podrán ser utilizados en perjuicio del trabajador, ni podrán solicitarse pruebas que pretendan evaluar de forma genérica cualquier tipo de factor o circunstancia personal del trabajador sin que tengan relación con sus riesgos específicos.

El artículo de Daniel Toscani en la revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales aporta información y sentencias sobre los puntos más controvertidos.

Seguramente hay tantas sentencias sobre el tema porque existen prácticas empresariales discutibles y actitudes diferentes por parte de los profesionales sanitarios de los servicios de prevención.

El dilema ético existe: por un lado se debe velar por la seguridad y salud del trabajador, y por otro se deben tener en cuenta las posibles consecuencias negativas (pérdida de nivel socioeconómico, despido…) que se pueden derivar de un dictamen de aptitud desfavorable (aptitud condicionada, no aptitud…). Esta posibilidad obliga a extremar la prudencia al recomendar la obligatoriedad de la VS: no sería éticamente aceptable establecer unos criterios parciales, discriminatorios o arbitrarios de obligatoriedad de la VS, que pudieran repercutir negativamente sobre la salud del trabajador al que se pretende proteger. (Documento elaborado por la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball).

Pero las presiones de todo tipo que sufre el profesional (requerimientos de la Inspección de Trabajo, reclamaciones patrimoniales a la empresa por no realizar exámenes de salud…), obligan muchas veces a realizar una medicina defensiva y hacen que se tienda a generalizar la obligación del “reconocimiento médico” o a solicitar al trabajador renuente su renuncia por escrito.

La cosa no es sencilla y cada cual debe sacar sus conclusiones, pero yo, a los que para proteger la salud del trabajador, le apartan del peligro, sin tener en cuenta otros elementos como la necesidad de trabajar para comer o para sentirse bien, les digo una cosa…..PRIMUM NON NOCERE

Carme

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